No son pocas las veces que la cuestión de la prostitución se convierte en objeto de debate por parte de la opinión pública (recordemos que el Estado español es el 10 a nivel europeo y el 30 a nivel mundial en consumo de prostitución), generalmente por las noticias sensacionalistas en medios de comunicación acerca de “los problemas de convivencia” que provocan los prostíbulos clandestinos entre los vecinos y vecinas. Lo tramposo de estas noticias es que suelen apuntar a las propias prostitutas como las causantes de los conflictos, sin detenerse a hablar de su situación víctimas de la peor violencia y explotación sexual ni señalar a los auténticos culpables: proxenetas, puteros, redes de tráfico de seres humanos y lobbys de la prostitución.
En esta ocasión, lo que ha salido a la palestra son los prostíbulos “legales”. ¿El motivo? Que algunas Comunidades Autónoma, entre ellas Castilla – La Mancha, que cuenta con el infame récord de ser la comunidad con más “clubes de carretera” de todo el Estado español, han decidido cerrarlos temporalmente, no porque sean lugares en los que está permitida la esclavitud sexual de las mujeres, sino porque suponen lugares de riesgo para la proliferación de rebrotes del COVID-19. En otras comunidades, como Castilla y León, directamente alegan que no tienen capacidad para cerrarlos, ya que este tipo de locales no cuentan con una licencia diferente a otros establecimientos de hostelería, simplemente “reforzarán el control sobre ellos”. Este hecho de por sí es contradictorio y demuestra la complicidad y dejadez de las instituciones con el problema de la prostitución: legalmente no existen, pero están permitidos, y mientras que en unas comunidades afirman no tenerlos censados, en otras se deduce que sí, ya que, si no, no podrían ordenar su cierre. Es paradójico también que estas instituciones asuman que los prostíbulos son un problema de salud pública en esta situación concreta y no por su propia definición, y que en el caso de las que han decidido cerrarlos, no tomen las medidas sociales necesarias para que la situación de indefensión y precariedad de las prostitutas no se vea recrudecida en estos casos.
En los últimos años se ha observado un alarmante aumento de hombres jóvenes que consumen prostitución y, en general, una normalización de la violencia sexual y la mercantilización de los cuerpos extendida entre la juventud gracias, entre otras cosas, a la nula educación sexual pública y a la industria pornográfica. Ante este gravísimo problema social, fruto de la criminal alianza entre capitalismo y patriarcado, las instituciones del Estado español no han hecho absolutamente nada, manteniendo la prostitución en un limbo legal, permitiendo a proxenetas y puteros campar a sus anchas y obtener beneficios, ya sean económicos o sexuales. Ante esta lacra, creemos que solo existe una solución posible: la abolición total y absoluta de la prostitución, la pornografía y cualquier otra industria que se lucre explotando y mercantilizando los cuerpos de mujeres. Cierre de todos los prostíbulos, persecución a puteros, proxenetas y sus lobbys: todos los medios públicos para cubrir las necesidades vitales de las mujeres prostituidas.
Como en tantas otras injusticias, no podemos esperar que las instituciones, que encarnan al sistema capitalista y patriarcal, vayan a resolverlas, pues precisamente obtienen su beneficio a través de ellas y de las desigualdades sociales. Para acabar con las diferentes formas de explotación sobre las mujeres debemos tumbar al régimen y al sistema, y construir un país feminista y socialista, donde no exista la opresión de unos seres humanos sobre otros para obtener un beneficio, sea del tipo que sea.