Parques eólicos, huertos solares, macrogranjas, plantas de biogás, liquidación de la ganadería y agricultura tradicional, aguas contaminadas de nitratos y purines, vertederos nucleares, escombreras, cierre de consultorios y escuelas, falta de servicios básicos, pérdida de la cultura popular, despoblación.
Todas estas agresiones que presenciamos hoy sobre nuestro territorio y zonas rurales tienen en buena medida un lejano origen: la pérdida de soberanía que padeció Castilla y su anulación como sujeto político propio tras la derrota de la Revolución de las Comunidades. Desde entonces nuestro pueblo pasó a ser una colonia interior del Imperio, viendo sus intereses supeditados a los de la camarilla que rodeaba a los Habsburgo primero y a los Borbones después. Aunque parezcan distantes en el tiempo -y de hecho
lo son-, estos acontecimientos lastraron la capacidad de decidir y gobernarse de nuestro pueblo, y sus consecuencias llegan a nuestros días.
Con el avance del modelo capitalista en el Estado español la situación se agravó. Durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente desde los años 60, el desarrollo industrial urbano requería cada vez de una mayor cantidad de mano de obra y, simultáneamente, la transformación de los medios de producción agrarios provocó la concentración y mercantilización de las tierras de cultivo. Esto acabó con los medios de vida y subsistencia de muchas familias rurales, lo que condujo al éxodo masivo desde los pueblos a las ciudades.
Decía Marx que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: al ser humano y a la naturaleza. En el rural castellano podemos comprobarlo: primero se vació de sus gentes y ahora se imponen proyectos que atentan contra el medio ambiente y las personas que aún lo habitan.
En la actualidad vemos cómo la mayoría de las provincias castellanas, y algunas otras del Estado español, se han convertido en “territorios de sacrificio” al servicio de un sistema que necesita extraer recursos para continuar alimentando los grandes centros de producción urbanos, ya sean estatales o europeos, en los que se ven obligados a vivir en condiciones cada vez más precarias cientos de miles de trabajadores. Una vez despoblados los pueblos, y por ende una gran parte del territorio castellano, estas extensas áreas vaciadas se convierten para el capital en un recurso muy tentador y valioso en el que poder implementar proyectos agresivos. Al ser zonas con densidades de población muy bajas la resistencia y oposición contra estos ataques se ve más mermada y silenciada. Además, las empresas y fondos de inversión que proyectan estas instalaciones practican métodos deshonestos para tratar de salirse con la suya. Compran voluntades a cambio de una mínima parte de los beneficios. Se aprovechan de la destrucción de los modos de vida rurales, de la falta de recursos, medios, servicios y del abandono institucional que sufren estas zonas, que ven en tales proyectos una vía para su supervivencia. Y si todo esto no les funciona, someten a quienes se oponen a largos y costosos procesos burocráticos y judiciales que desgastan y minan la moral y capacidad de resistencia de los vecinos/as.
Este es el destino que desde el Estado y Europa se está imponiendo a nuestro territorio; todas las políticas que hablan de revertir la despoblación o que se envuelven tras la llamada “transición ecológica” no son más que señuelos con los que mantenernos a la expectativa. La rentabilidad para las empresas del sector pesa más que la sostenibilidad y el futuro del territorio.
Pero las gentes de Castilla siempre fueron rebeldes; ante cada intento de implantar un nuevo proyecto que atenta contra nuestras condiciones de vida se crean plataformas y asambleas vecinales en los pueblos para hacerles frente. Consideramos fundamental articular una respuesta unitaria, colectiva y consciente de que no se trata de casos aislados ni accidentales, sino que estamos ante una ofensiva total y planificada contra nuestro territorio en beneficio del gran capital español e internacional. Solo construyendo el país que necesitamos, una Castilla comunera donde los intereses del común estén por encima de los beneficios económicos privados, podremos encontrar una solución a este atentado contra el futuro de nuestros pueblos y vidas.
¡Qué no vacíen Castilla para llenarla de mierda y chatarra!
