Este 8 de marzo nos vemos de nuevo en las calles reafirmando que ser mujer no es ni una identidad ni un sentimiento. El próximo 8 de marzo saldremos reivindicar lo que es de justicia: dignidad económica, legal y social.
En el verano de 1925, en el Estado de Tennessee, un fanático predicador llevó a los tribunales a un joven profesor, Bertram Cates, detenido por explicar en clase la teoría de la evolución de Darwin. De este juicio se rodó una película, “La herencia del viento”, protagonizada por Spencer Tracy en 1960. Hoy, 60 años después, esta película vuelve a estar de actualidad, porque veremos juicios y multas por decir que la biología es inmutable y que solo hay dos sexos en la especie humana. Veremos una caza de brujas contra todas aquellas personas y colectivos que denunciamos la irracionalidad de la Ley Trans, que niega la biología y atenta contra la ciencia cuando dice que el sexo «se asigna al nacer».
Las feministas abolicionistas no negamos la existencia de personas transexuales, pero también creemos que no existiría la necesidad de transitar si viviésemos en una sociedad libre, sin jerarquías y sin roles sexuales. La transición no es una solución al patriarcado, es una consecuencia de él. La discusión nunca ha sido sobre la existencia de las personas trans, la discusión ha sido y seguirá siendo sobre las leyes que permiten a cualquier hombre autodeclararse mujer, borrando la existencia real de las mujeres. Eliminar el sexo como realidad material sobre la que se construye la desigualdad permite que haya hombres que se declaren mujeres, ocupen puestos en listas electorales, cargos políticos o administrativos, puedan ser trasladados a cárceles de mujeres, eludan penas por violencia machista o compitan en categorías deportivas de mujeres.
Este modelo social y económico genera miseria y violencia, con la que conviven muchas personas. Del análisis de los datos se observa un fenómeno que está pasando prácticamente desapercibido y que afecta a las niñas y adolescentes. En los últimos años están aumentando de forma exponencial las tentativas de suicidio, las autolesiones, los trastornos de conducta alimentaria y la disforia de género de inicio rápido entre niñas y jóvenes que quieren transicionar a hombres, que toman bloqueadores de la pubertad y se están mutilando irreversiblemente para huir de los estereotipos de género asociados a las mujeres. Hay una conexión evidente entre el aumento de suicidios, de trastornos de la conducta alimentaria y de disforia de género, y esa conexión no es otra que la violencia que el patriarcado impone a las mujeres y niñas y que afecta profundamente a nuestra salud mental. Ser mujer y adolescente significa estar expuesta a tratos humillantes, vejaciones y abusos; ser mujer significa ganar menos, trabajar el doble, ser utilizada, maltratada, sufrir violencia sexual y un largo etcétera. Todo ello se está viendo potenciado por el uso de redes sociales, que funcionan como altavoz y que inducen al contagio social, también conocido como «efecto Werther», que provoca que muchas niñas tengan conductas cada vez más violentas y nocivas para su propia salud y quieran huir de su cuerpo de mujer.
Vivimos en una sociedad patriarcal y neoliberal terriblemente narcisista, individualista y cada vez más violenta, sobre todo con las mujeres y niñas, y con unos intereses comerciales cada vez mayores en la explotación de los cuerpos de las mujeres (operaciones de «cambio de género», prostitución, pornografía, vientres de alquiler…), olvidando que no somos cuerpos de mujeres, sino mujeres con cuerpo. Nuestros órganos y funciones biológicas no son independientes de nuestra realidad humana.
Estamos asistiendo a una vorágine de leyes supuestamente feministas que son un ejemplo de chapuza tras chapuza, leyes redactadas de espaldas a la realidad que vivimos y sin contar con los colectivos de mujeres; leyes que están cargadas de irregularidades e intenciones escondidas, y que producen contradicciones entre unas y otras, con consecuencias irreversibles para las afectadas. La Ley del Solo Sí es Sí es un claro ejemplo: no sólo ha reducido las penas a más de 700 agresores sexuales y dejado en libertad a más de 70 (según cifras públicas que no contienen la realidad de todos los juzgados), sino que las medidas de apoyo a las víctimas de violencia sexual previstas, que debían ser recogidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto básico del Empleado Público, han desaparecido tras publicarse la Ley Trans. A las feministas que criticamos la Ley del Sólo Sí es Sí se nos acusa de ser «punitivistas». Nada más lejos de la realidad: no queremos penas espectacularmente altas, sino que no se produzca una rebaja espectacular de las penas por agresiones sexuales. Y, como el Estado falla en reducir las agresiones (que no sólo no descienden, sino que se incrementan), ese fracaso gubernamental no deben soportarlo las mujeres, sino los agresores.
Se ha aprobado la Ley Trans entre acusaciones a las feministas históricas -referentes de lucha- de ser “tránsfobas” y “viejas”, sin tener en cuenta que países como Reino Unido, Finlandia o Suecia, que fueron pioneros en el «enfoque afirmativo» al que obliga nuestra ley, ya han dado marcha atrás. La experiencia de otros países nos dice que la agenda transfeminista no ha conseguido más derechos para las personas transexuales allí donde ha sido introducida, sino que está siendo un verdadero desastre para este colectivo y para las mujeres.
Y todo ello sin que haya caído nadie del Ministerio de Igualdad y con una total ausencia de humildad. Un Ministerio antipunitivista en lo referido a agresores sexuales y puteros, pero que defiende la aplicación de sanciones de hasta 150.000 euros contra el feminismo crítico con su Ley Trans. Mientras siguen diciendo que los problemas señalados desde el feminismo no van a ocurrir -ya hemos visto los efectos de la Ley Sólo Sí es Sí- estamos empezando a ver los efectos de la introducción de las teorías queer y leyes trans, como ha pasado en la Feria ARCO, que elimina las medidas para estimular la presencia de mujeres artistas en el evento.
En este período de elecciones la utilización del feminismo y de las mujeres se incrementa, también a través de nuevas leyes. Ahora le toca a la paridad. El Gobierno aprobará en vísperas del 8 de marzo una ley para garantizar la paridad entre personas que se identifican como varones y personas que se identifican como mujeres en los órganos de decisión de gobiernos y empresas.
Mientras sacan de la chistera una y otra ley, cada cuál peor hecha y con peores consecuencias para las mujeres, incumplen reiteradamente el compromiso de abolir la prostitución y potencian y financian a quienes tienen discursos favorables a esta forma de explotación. Las feministas que nos negamos a que las mujeres seamos una mercancía exigimos la aprobación de la LOASP, la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. De nuevo se hace pública una trama de corrupción en la que hombres poderosos recurren a la prostitución: el Caso Mediador, en el que los implicados empleaban presuntamente el dinero de las mordidas en fiestas con mujeres prostituidas y drogas. Una historia de desigualdad, exhibición de poder y dominación masculina que se repite por enésima vez: grupos de hombres poderosos de farra, pagando por acceder al cuerpo de las mujeres y reforzando los vínculos patriarcales entre los varones. Hombres poderosos a los que les gusta la violencia sexual y tienen dinero para ejercerla, una corrupción que se está empleando para atentar contra los derechos humanos de las mujeres.
El arrinconamiento de la ideología feminista en beneficio de un feminismo customizado es la seña de identidad de este Gobierno. Buscan que las personas de ideología progresista acepten la acomodación en el orden patriarcal capitalista, en vez de su revocación. Unidas Podemos nunca se planteó la defensa del legado feminista; su objetivo político no es transformar el sistema, sino transformar al individuo para que encaje en el sistema. Hace unos días, durante el «Encuentro Internacional Feminista» organizado por el Ministerio de Igualdad en Madrid, además de elogiarse la Ley Trans también se han reivindicado la prostitución como una forma de empoderamiento para las mujeres y la legalización de los vientres de alquiler (se ve que hay numerosas mujeres ávidas por llevar a término un embarazo y luego entregar altruistamente al bebé a quien se lo solicite).
A pesar de que la explotación reproductiva está prohibida y tipificada como delito en el Código Penal, el Estado español facilita que sus naturales incurran en fraude de ley a través de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación subrogada, que permite la inscripción de estos menores en los registros civiles de los consulados españoles, suponiendo una legalización de facto de la explotación reproductiva en nuestro país. Así mismo, siguen permitiendo la difusión y promoción de empresas que facilitan los vientres de alquiler y contribuyen a mantener la cortina de amor romántico y papel cuoché con la que la mayoría de los medios de comunicación y los comprabebés quieren ocultar a la ciudadanía que los vientres de alquiler son una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y sus hijos.
Para ver que los partidos que están en el Gobierno no son feministas ni trabajan por la eliminación del patriarcado basta con echarle un vistazo a los carteles y eslóganes que vienen utilizando en los últimos años. La lucha feminista abolicionista es la única salida, combatiendo al patriarcado y al capitalismo en todos sus frentes y en todas las estructuras que lo sostienen, se disfrace de lo que se disfrace.
El 8M nos vemos en las calles, en las manifestaciones abolicionistas dónde las haya, o en los bloques abolicionistas. Acudimos al 8M abolicionista ante la imposibilidad de integrar las verdaderas reivindicaciones del feminismo en espacios en los que se impide, incluso con violencia, la participación de quienes somos contrarias a la explotación sexual y reproductiva, criticamos las leyes nocivas contra las mujeres, exigimos la dimisión de la Ministra de Igualdad Irene Montero y de la Secretaria de Estado Ángela Rodríguez “Pam”, reclamamos políticas públicas contra la discriminación por razón de sexo, defendemos la agenda feminista y combatimos todas las estructuras que mantienen al patriarcado y al capitalismo.
No es difícil saber dónde está la rebeldía feminista.