El próximo día 6 de junio se desarrollará en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio político más importante de los últimos años. La Fiscalía solicita nada menos que 5 años y 3 meses de prisión para Pablo, un joven militante de Yesca, por un delito contra el patrimonio histórico y un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además del pago de una multa diaria de 10€ durante 14 meses, más las costas de la restauración de la estatua de Cristóbal Colón, que ascienden hasta los 13.000€.
Los diferentes escritos aportados por la Brigada de Información y por la Fiscalía son todo un despropósito desde el punto de vista democrático, constatándose un claro sesgo ideológico:
- Fiscalía: “Su acción venía determinada, no sólo por la voluntad de ocasionar desperfectos en el Monumento, sino también, en una fecha en que se celebraba el Día de la Hispanidad, por la de denostar públicamente y generar una predisposición contra los valores históricos que el conjunto escultural representa y, especialmente, contra los ciudadanos que pudieran sentirse identificados con los mismos, o albergar sentimientos de patriotismo por el país al que pertenecen, estigmatizando a quienes pudieran exteriorizar esos sentimientos”.
- Brigada de Información: “Es indudable que el hecho en sí de dañar el patrimonio, en este caso la estatua de Colón, personaje más que relevante en la historia del Estado español, como la publicación de comentarios “españolismo es fascismo” (…) revelan que de forma pública fomenta o promueve directamente el odio, hostilidad o violencia contra un grupo, y en este caso por su pertenencia a la nación u origen nacional”.
Entre los años 2019 y 2022 se desarrollaron en Estados Unidos, América Latina y Europa acciones similares contra estatuas de conquistadores para denunciar el proceso colonizador, exponiendo sus consecuencias. El propio Cristóbal Colón ya tuvo serios enfrentamientos con Isabel la Católica por su excesivo afán de avaricia. No reconocer -o legitimar- el expolio, la violencia y el sufrimiento como una dimensión principal de la colonización nos enfrenta a los pueblos hermanos de Latinoamérica y nos coloca en una posición vergonzosa con respecto a otros estados europeos que, con mayor o menor sinceridad, hacen autocrítica sobre su pasado colonial.
Justamente fue en nuestra ciudad donde tuvo lugar el famoso debate en que se abordaron los derechos de la población indígena, la conocida Controversia de Valladolid (1550-1551), entre las posturas opuestas defendidas por Bartolomé de las Casas (con posiciones favorables a los nativos) y Juan Ginés de Sepúlveda (en apoyo a la esclavitud y conversión forzosa). Este debate, saldado a favor de la posición de Bartolomé de las Casas, representaba a mediados del siglo XVI una visión más progresista y culta que la que hoy sostiene la Fiscalía.
Es también llamativa la preocupación institucional hacia la conservación de cierto patrimonio (la estatua de Colón se encuentra en un estado perfectamente íntegro), en contraste con la dejadez por parte de la Administración de Justicia en cuanto a otro tipo de patrimonio cultural y arquitectónico de esta ciudad, como es el edificio que ocupa La Molinera y otros muchos bienes en estado de abandono. Desde luego su preocupación es muy selectiva.
El compañero acusado rechaza su participación en los hechos imputados, sobre los que la consideración que hace la Fiscalía es un auténtico despropósito y constituye un auténtico abuso de poder. Estamos ante un juicio político de gran importancia. Es fundamental conseguir la más amplia movilización por la absolución del compañero y en denuncia de la instrumentalización represiva de la Administración de Justicia.
En solidaridad con el compañero, os llamamos a acudir el próximo lunes 23 a las 19:00 al CSO La Molinera a una primera asamblea abierta donde comenzaremos a trabajar en la campaña política y social.
¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!