Hemos recibido con satisfacción la información de la sentencia de la Sección N.º 2 de la Audiencia Provincial -sentencia 172/2022-, por la que se absuelve de todos los cargos al compañero Pablo (delitos contra el patrimonio histórico, en concurso con el delito de odio y robo con fuerza en las cosas y daños de los que era acusado). En contraste con la actitud y disposición de la Fiscalía, consideramos que esta sentencia contribuye a contrarrestar la imagen de descrédito en la que está sumida la administración de Justicia en su conjunto.
Particularmente sustancial es el apartado que hace referencia al delito de odio; estimamos que la Sala de la Audiencia Provincial que ha juzgado estos hechos adopta una posición acorde con unos mínimos criterios democráticos y de civilidad al reconocer que tan solo hay libertad de expresión allí donde la Fiscalía veía un delito de odio a los defensores sin matices de la colonización de América.
Es posible que dicha sentencia sea recurrida, porque aún no es firme, pero consideramos que está correctamente argumentada desde un punto de vista técnico y que es acorde con los valores de la mayoría social. Si se diera la circunstancia de que fuera recurrida, esperamos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asuma un posicionamiento similar a la de la Sección N.º 2 de la Audiencia Provincial, en concordancia con la tradición progresista castellana que se sustanció en el transcurso de la llamada Controversia de Valladolid protagonizada por Bartolomé de las Casas en 1550-51.
En ciertas informaciones periodísticas se transluce cierta “desazón” porque Pablo haya sido absuelto. Es conocida la conexión de algunos medios y periodistas con los sectores más reaccionarios de esta ciudad y con las cloacas policiales, pero sería conveniente que lo disimulasen un poco. Si una cosa ha quedado de manifiesto una vez más, es la existencia de ficheros policiales de activistas, incluyendo aquellos que son menores de edad y que no han cometido delito alguno. Otros medios, sin embargo, han elaborado la información con más rigor y en coherencia con la sentencia.
En sus declaraciones del 13 de octubre de 2019, el alcalde Óscar Puente no perdió el tiempo para criminalizar a la organización Yesca. El alcalde de Valladolid tendría que ser más cuidadoso en sus declaraciones, así como en la dirección de aquellas tareas que corporativamente le corresponden al Ayuntamiento, como es el caso de la reparación de los teóricos desperfectos del conjunto monumental, que fue objeto de una severa crítica por parte del perito durante el juicio.
Felicitamos al compañero Pablo por la sentencia absolutoria y a su abogado defensor por el trabajo bien hecho; la aplicación de las penas solicitadas desde la Fiscalía y la acusación particular hubieran supuesto de facto su “muerte civil” (cinco años y tres meses de cárcel, una cuantiosa multa e inhabilitación para la profesión educativa y docente). Finalmente, agradecemos el apoyo mostrado por el activismo progresista de Valladolid durante estos meses y solicitamos a todas las personas solidarias que permanezcan atentas ante posibles novedades judiciales.